Con la entrega de las primeras escrituras el Gobierno de la Provincia dio un paso fundamental para la finalización del reclamo histórico por los lotes 55 y 14. Se concretó ayer la primera entrega, a la que se sumarán las de El Desemboque y Alto La Sierra. Los jefes de las comunidades destacaron la concreción del traspaso.
Por su parte, Angel Sarmiento destacó el trabajo realizado por los organismos del Gobierno de Salta, lo que muestra el compromiso social de la Provincia. “Darles este título es reconocer su lucha y sus orígenes” señaló el funcionario.
La transferencia a las comunidades originarias se realiza en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 15 de la Constitución Provincial. De esta manera se soluciona un conflicto que lleva más de 20 años.
A partir de ahora se trabajará en la delimitación de los espacios que tendrá cada comunidad. En este sentido Sarmiento señaló que ya se avanzó sobre las hectáreas que corresponden a la población criolla, intensificándose el trabajo luego de esta firma con la colocación de mojones para el área de las comunidades indígenas.
Paralelamente a este proceso, se encararon diversas obras de infraestructura, escuelas, puestos sanitarios, ruta 54, playones deportivos y defensa del río Pilcomayo, entre otras.
En la oportunidad, los caciques Andrés Amaya, de la comunidad San Luis y Juan Félix, de Misión La Paz Chica, coincidieron en marcar la importancia de la entrega de escrituras que se concretó hoy, “porque a veces con las palabras no se convence al resto de la comunidad, en cambio con los títulos se muestran los logros obtenidos”, señalaron.
Con la decisión política del gobernador Juan Manuel Urtubey, el Gobierno de la Provincia dio inicio a un proceso de reivindicación del departamento Rivadavia, que no sólo consistió en regularizar la propiedad de sus tierras, sino también recuperar los años de postergación y desinversión en la zona.
Fue a través del Fondo de Reparación Histórica que se concretaron numerosas obras en materia de infraestructura educativa, sanitaria, energética y vial en la zona. En este proceso trabajaron el Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría General de la Gobernación, UEP, Asociana, CELS, Lhaka Honhat, Fundapaz y la Organización de Familias Criollas.
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